Catástrofe ambiental a la vista

En la década comprendida entre 1950- 1960, existían en el Valle del Cauca 130 madre viejas, con un área de 15.286 hectáreas, hoy quedan 52 madre viejas, con un área de 2.950 hectáreas. Los ingenios cañeros se quedaron con alrededor de 12 mil hectáreas de esos terrenos de uso público y ninguna autoridad ha dicho nada, ni la CVC, ni el Ministerio del Medio Ambiente, etc. Ahora, ganaderos, latifundistas, se han apoderado de la ciénaga grande de Santa Marta o del río Magdalena, sin que Cormagdalena, Min ambiente, ni Gobierno Nacional, impidan esta catástrofe ecológica. 

Revisión sentencia SU 174 de 2007- Corte Constitucional

DOCTORA

MARÍA VICTORIA CALLE

PRESIDENTE CORTE CONSTITUCIONAL

E,    S,    D.

Referencia: Derecho de petición para revisión de la Sentencia SU- 174 de 2007

Ref: DERECHO DE PETICION.

CARLOS JULIO VALDERRAMA LIBREROS, identificado con el c.c. No14444721 de CALI, teniendo en cuenta los hechos de corrupción conocidos por todo EL PAIS, en los que han resultado comprometidos los señores Jorge Pretelt y Rodrigo Escobar Gil, entre otros, con todo respeto solicito a usted lo siguiente:

Primero.- Que se revise la sentencia  SU.174/07 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, Ponente, Manuel Cepeda, que anuló la sentencia T-481 de 2005 de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, magistrado ponente Dr. Jaime Araujo Rentería y como consecuencia obligó al Departamento del Valle a pagar la suma de 23 mil millones de pesos ($23.000.000.000), a la firma CISA, por la construcción de la doble calzada Cali- Candelaria, obra que nunca realizó el contratista y a la fecha no existe.

Fundamento de la petición.

a.- La Sala de revisión de la corte Constitucional en sentencia T-481 de 2005 REVOCÓ la sentencia proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2004, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el Gobernador del Departamento del Valle de Cauca contra la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir la controversia suscitada entre la sociedad Concesiones de Infraestructura S.A. (CISA) y el Departamento del Valle del Cauca con ocasión del contrato de concesión GM-95-04-017 y, en su lugar, TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la entidad accionante. En consecuencia, ANULAR la sentencia del 11 de marzo de 2004 proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el laudo arbitral del 24 de abril de 2003 que resolvió la controversia suscitada entre la sociedad Concesiones de Infraestructura S.A. (CISA) y el Departamento del Valle del Cauca con ocasión del Contrato de Concesión GM-95-04-017.

Por efecto de lo anterior, quedará en firme la liquidación unilateral del Contrato de Concesión GM-95-04-017 que realizó la Gobernación del Valle del Cauca mediante la Resolución No.095 del 17 de septiembre de 2001.

b.- Con fundamento en la sentencia T-481 de 2005 se dejó en firme el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato realizado por el Gobernador del Departamento del Valle, mediante resolución No 095 del 17 de septiembre de 2001, que estableció en $7.000 millones  el saldo a pagar al contratista.

C.- El Ex magistrado Manuel Cepeda, quien salvo el voto en la sentencia T-481, por circunstancias desconocidas logro que la Sala plena se ocupara del asunto, y también de manera extraña, fue escogido como ponente para proyectar la sentencia  SU.174/07, que finalmente logró anular la sentencia  T- 481 de 2005, para que el Departamento del Valle pagará al contratista de una obra inexistente, la suma de 23 mil millones de pesos más quince mil millones de pesos que ya había recibido la firma CISA , con un  detrimento patrimonial en ese momento (año 2007)  de treinta y ocho mil millones de pesos, que hoy la firma CISA a pesar de haberlos recibido en su totalidad, pretende que le paguen unos supuestos intereses multimillonarios.

En el momento de la expedición de la sentencia SU- 174 de 2007, fungía como Presidente de la Corte Constitucional  el célebre Rodrigo Escobar Gil, el mismo que sirvió de intermediario en el asunto de FIDUPETROLEOS.

d.- Resulta sospechoso, por decir lo menos, que los interesados en anular el fallo de la Sala de Revisión contenido en la sentencia T-481 de 2005, hayan esperado dos años (sentencia SU-174 de 2007), para que se rotara la Presidencia de la Corte Constitucional, esperando que nombraran en esa alta dignidad al señor Rodrigo Escobar Gil, quien hoy todos los Colombianos conocemos de su poco respeto por la dignidad de la justicia y por sus colegas de la Corte Constitucional.

DERECHO

Artículo 23 de la constitución Nacional.

DIRECCIÓN DE RESPUESTA

Calle 7 No 8-37 Cali.

De usted

Con todo respeto

CARLOS JULIO VALDERRAMA LIBREROS

C.c. No14444721  de CALI  

Corte Constitucional debe aclarar sentencia SU 174 de 2007 contra el Valle del Cauca.

Se debe revisar sentencia SU-174 que condeno al Departamento del Valle a Pagar una carretera que nunca se hizo. Rodrigo Escobar Gil que fungía de Presidente de la Corte en el año 2007 es el mismo amigo de Pacheco y Pretelt.

Caso Pretelt- Revista semana

Con el paso de los días se tornan más oscuras las páginas de la ‘novela’ judicial que se desprende del escándalo de la Corte Constitucional cuyo protagonista, el magistrado Jorge Pretelt, supuestamente pidió una millonaria suma para darle trámite a una tutela.

El lunes pasado, durante su comparecencia a la Fiscalía para rendir interrogatorio por, aparentemente, haber, gestionado la coima, el abogado Víctor Pacheco hizo una sorprendente confesión.

Dijo el jurista que cuando habló con el magistrado Pretelt lo hizo para tres cosas. Uno, para que la tutela de Fidupetrol fuera seleccionada. Dos, que los 500 millones ofrecidos eran para conseguir un constitucionalista de ‘quilates’ que asumiera el caso ante la Corte. Tres, para darle un regalo a la exesposa del magistrado Mauricio González -Marcela Monroy- y a su hijo de 17 años, según él, para lograr que hubiera una ponencia favorable a la tutela, algo que deberá ser corroborado por los investigadores.

Semana.com oyó la grabación que tiene 50 minutos de duración y presenta algunos de sus apartes. Pacheco le cuenta a Vargas cómo se inició esta historia y cómo fue la solicitud de Pretelt.

El abogado barranquillero recuerda que el 17 octubre del 2013, Pretelt lo llamó en horas de la mañana a su celular y le contó que la tutela del caso de Fidupetrol (firma de la que Pacheco fue apoderado legal) había sido seleccionada por la sala integrada por Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio para su estudio. Pacheco asegura que Pretelt le dijo: “Ahora sí necesito que hablemos urgente, de manera que pase por mi apartamento mañana para que hablemos del tema”.

Al día siguiente, Pretelt organizó un homenaje en el Club El Nogal para los magistrados Humberto Sierra Porto y Juan Carlos Henao. Pacheco asegura que media hora antes de iniciarse el agasajo, él fue hasta el apartamento de Pretelt, que a las volandas le habló en los siguientes términos:

“Eso (la tutela) le tocó a (Mauricio) González, pero él no recibe plata, eso se lo podemos dar a Marcela Monroy (exesposa de González) y al hijo”.

Pacheco asegura que él le preguntó a Pretelt: “¿De cuánto estamos hablando?” A lo que el magistrado respondió: “Unos 500 millones de pesos”.

Pacheco asegura en la grabación que le dijo a Pretelt que él no se metía en ese tema de dinero, pero que les transmitiría a los ejecutivos de Fidupetrol a ver qué le decían sobre esa solicitud.

Durante la conversación Pacheco le asegura al magistrado Vargas que Pretelt “ya habló con ellos y cuadró el tema”. Según el audio de la grabación, dice: “Tú sabes que el único que le habla al oído a Mauricio González soy yo y en esa sala está Luis Guillermo Guerrero, que fue cuatro años magistrado auxiliar de Rodrigo Escobar Gil. Para que eso salga bien tienes que darle poder (un contrato) a Rodrigo Escobar Gil. Con lo cual, con mi voto y el de Mauricio González está listo el tema”.

Sentencia T-481/05. Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Durante el trámite prearbitral, el 17 de septiembre de 2001, mediante Resolución No.0095, la Gobernación del Valle liquidó unilateralmente del Contrato de Concesión GM-95-04-017, bajo la consideración de que la suscripción del acta de convocatoria a tribunal de arbitramento y la demanda presentada por CISA en virtud de dicho acuerdo, no eran obstáculo para que la administración ejerciera la facultad que establece el artículo 61 de la Ley 80 de 1993 de liquidar cuando no media acuerdo entre las partes contratantes. Por tanto, teniendo en cuenta factores como el valor definitivo del contrato, la ejecución del mismo, los gastos totales realizados por el concesionario y los excesos de costos del proyecto, los créditos a favor del concesionario y los valores pagados por la Gobernación del Valle del Cauca, se determinó que el valor a retribuir a aquel era de 7.364`438.799 pesos.

Por consiguiente, la Sala tutelará el derecho al debido proceso de la Gobernación del Valle del Cauca y anulará la sentencia del 11 de marzo de 2004 proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el laudo arbitral del 24 de abril de 2003 que resolvió la controversia suscitada entre la sociedad Concesiones de Infraestructura S.A. (CISA) y el Departamento del Valle del Cauca con ocasión del Contrato de Concesión GM-95-04-017. En consecuencia, quedará en firme la liquidación unilateral del Contrato de Concesión GM-95-04-017 que realizó la Gobernación del Valle del Cauca mediante la Resolución No.095 del 17 de septiembre de 2001.

RESUELVE

 PRIMERO: LEVANTAR la suspensión del término del trámite de revisión decretada mediante auto del 16 de diciembre de 2004.

 SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2004, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el Gobernador del Departamento del Valle de Cauca contra la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir la controversia suscitada entre la sociedad Concesiones de Infraestructura S.A. (CISA) y el Departamento del Valle del Cauca con ocasión del contrato de concesión GM-95-04-017 y, en su lugar, TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la entidad accionante. En consecuencia, ANULAR la sentencia del 11 de marzo de 2004 proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el laudo arbitral del 24 de abril de 2003 que resolvió la controversia suscitada entre la sociedad Concesiones de Infraestructura S.A. (CISA) y el Departamento del Valle del Cauca con ocasión del Contrato de Concesión GM-95-04-017.

Por efecto de lo anterior, quedará en firme la liquidación unilateral del Contrato de Concesión GM-95-04-017 que realizó la Gobernación del Valle del Cauca mediante la Resolución No.095 del 17 de septiembre de 2001.

TERCERO: DAR por secretaría cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

JAIME ARAÚJO RENTERÍA- Magistrado Ponente- ALFREDO BELTRÁN SIERRA- MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA (salvo voto).

Sentencia SU.174/07

Ponente: Manuel Cepeda

Problema jurídico a resolver

El problema jurídico central al que la Corte Constitucional debe dar respuesta en el presente proceso es el siguiente: ¿Incurrieron el Tribunal de Arbitramento y la Sección Tercera del Consejo de Estado en una vía de hecho por defecto orgánico, consistente en haber desconocido la validez y firmeza del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato administrativo GM-95-04-017 suscrito entre CISA y el Departamento del Valle del Cauca?

RESUELVE:

Primero.- REVOCAR el fallo proferido por Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y CONFIRMAR el fallo proferido por Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta sentencia. Por consiguiente, la Sala Plena de la Corte Constitucional resuelve NEGAR la acción de tutela interpuesta por el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, junto con el Secretario Jurídico de este departamento contra el Tribunal de Arbitramento que el 24 de abril de 2003 profirió el laudo arbitral que dirimió controversias económicas existentes entre Concesiones de Infraestructuras S.A. (CISA) y este departamento, con ocasión del contrato GM-95-04-017, así como contra la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la cual profirió la sentencia 25021 del 11 de marzo de 2004, que declaró infundado el recurso de anulación presentado por el Departamento del Valle del Cauca contra el referido laudo arbitral.

RODRIGO ESCOBAR GIL- Presidente -JAIME ARAÚJO RENTERÍA (salvo voto)- MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA (ponente)- JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO- Magistrado- MARCO GERARDO MONROY.  NILSON PINILLA PINILLA- HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO (salvo voto)- ÁLVARO TAFUR GALVIS